Por Redacción Prensa Comunitaria
Autoridades
ancestrales del pueblo maya Ixil, Kiché y Mam, junto a representantes de comunidades y organizaciones de
los pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’,
Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Meztizo y representantes de las Iglesias realizaron un llamado a la unidad de
todos los pueblos pobres y pueblos originarios del territorio de Iximulew
(Guatemala) para enfrentar al modelo neoliberal y a la clase política que en
este país saquea y despoja los
bienes naturales de todos y todas.
En
un comunicado conjunto denunciaron
al Estado de Guatemala por la discriminación y racismo que ejerce
históricamente sobre los pueblos originarios de esta país, el uso del sistema
de justicia para garantizar los intereses económicos de los grandes capitales nacionales y transnacionales.
Durante
una conferencia de prensa
realizada en la ciudad de Guatemala, el día viernes 15 de marzo 2013,
autoridades y representantes de los pueblos originarios denunciaron
públicamente como la Corte de Constitucionalidad –CC- en distintas resoluciones
resolvió en contra de los pueblos originarios. Fundamentalmente resoluciones
vinculadas a aquellos recursos de inconstitucionalidad presentados en contra
del DECRETO NÚMERO 48-97, Ley de Minería vigente en este país.
Es
la misma Corte de Constitucionalidad –CC-, quienes resolviendo en contra del
mismo sistema de justicia, leyes nacionales y tratados internacionales
benefician la impunidad y garantizan la continuidad de los megaproyectos y
proyectos de extracción minera, hidroeléctricas, represas, petroleras, que
atentan contra la vida de los pueblos y los bienes naturales.
Frente
a las acciones inconstitucionales del Estado de Guatemala y frente a las
violaciones de la justicia que realiza la Corte de Constitucionalidad,
autoridades y representantes de los pueblos ven agotada la lucha legal frente
al Estado para impedir que empresas nacionales y transnacionales saqueen el
territorio, aumenten la conflictividad y continúen violando los derechos
humanos y colectivos de los pueblos.
“La Corte de Constitucionalidad en
respuesta a nuestra Acción de Inconstitucionalidad de la ley de minería negó
nuestro derecho de consulta
regulado en el Convenio 169 de la OIT, antes de la
aprobación de la ley de minería. En Lanquin Alta Verapaz, la Corte de
Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero no anuló la
licencia de la construcción de la hidroeléctrica, burlándose y cometiendo
racismo y discriminación contra el Pueblo Maya Q’eq’chi.” Denunciaron en un comunicado de prensa.
“Hemos utilizado todas las herramientas legales para la
defensa de nuestros derechos como una muestra de confianza hacia el Estado de
Derecho que nos han impuesto. Nos están obligando a no creer ni respetar sus
leyes y sus instituciones.”, [1]
finaliza el comunicado.
La denuncia de los pueblos frente a las agresiones y violencia de Estado en la aplicación de la justicia, como en la criminalización de la protesta, militarización de comunidades y territorio, asi como la aplicación de políticas neoliberales podría dar inicia a una lucha en tribunales internacionales, en orgnismos e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo OIT entre otras.
La denuncia de los pueblos frente a las agresiones y violencia de Estado en la aplicación de la justicia, como en la criminalización de la protesta, militarización de comunidades y territorio, asi como la aplicación de políticas neoliberales podría dar inicia a una lucha en tribunales internacionales, en orgnismos e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo OIT entre otras.
Casos de resoluciones contrarias a la
Justicia:
·
La Corte de
Constitucionalidad en respuesta a nuestra Acción de Inconstitucionalidad de la
ley de minería negó nuestro derecho de consulta regulado en el Convenio 169 de la OIT, antes de la
aprobación de la ley de minería.
·
En Lanquín Alta
Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo
Q’eq’chi’, pero no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica,
burlándose y cometiendo racismo y discriminación contra el Pueblo Maya
Q’eq’chi.
·
En Totonicapán,
el gobierno y los tribunales al no juzgar a los autores intelectuales de la
masacre del 4 de octubre del 2012, sigue promoviendo la impunidad y el
debilitamiento del Estado de Derecho.
·
En el territorio
Maya Ixil, los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de
Constitucionalidad han sido a favor de empresas multinacionales. El Pueblo Ixil
probó el dialogo con la empresa ENEL de Italia sin embargo, ésta empresa en
complicidad con el Gobierno actual abandonaron el dialogo, se aprovechan de la
pobreza de la población y han firmado un convenio de negocio que viola la
dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas.
·
Con la reforma a
la carrera magisterial que está imponiendo el actual gobierno se está negando y
destruyendo los idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.
[1] CPO. Racismo
y discriminación contra pueblos indígenas en el sistema de justicia
guatemalteco. Comunicado. 15 de marzo 2013.
Foto reporteje de la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Guatemala el viernes 15 de marzo 2013:
Video de la conferencia de prensa de autoridades ancenstrales, representanes de las iglesias y representanes de comunidades, pueblos y organizaciones en defensa del Territorio:
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